Delincuencia Organizada PDF Imprimir E-Mail

Ensayo de Raen Sánchez, Mención Honorífica en el Diplomado Seguridad Nacional e Inteligencia, Alternativas para el Futuro.

INTRODUCCIÓN

Desde 2006, los esfuerzos que ha desplegado el gobierno mexicano en materia de seguridad se han centrado en la lucha contra el narcotráfico, señalando la naturaleza internacional de este ilícito y haciendo uso de una parte importante de las capacidades coercitivas del Estado mexicano, a través de las fuerzas armadas y las instituciones policiales de los tres ámbitos de gobierno.

Esta política impulsada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa, situó la lucha contra el narcotráfico como una de sus principales prioridades y reconoció a la Delincuencia Organizada como una amenaza dentro de la Agenda de Seguridad Nacional, hecho que ha implicado una disyuntiva, entre abordar el tema como una crisis de seguridad pública que coyunturalmente ha llevado el problema del Crimen Organizado a ser una de las primeras prioridades de nuestra agenda de Seguridad Nacional o aceptar que la Delincuencia Organizada ha evolucionado, nacional e internacionalmente, de manera tal que por sí misma representa una amenaza no coyuntural, sino permanente, para la sobrevivencia del Estado mexicano.

La importancia de hacer esta diferencia radica en poder visualizar y evaluar con mayor claridad la Estrategia implementada por la administración calderonista, ya que en determinar su naturaleza esta, la capacidad de entender mejor el problema y poder acercarnos a la solución menos costosa para la sociedad.

Por lo anterior, el presente ensayo intenta demostrar que el Crimen Organizado en nuestro país está directamente vinculado a la evolución del subcontinente de América del Norte y, a través de esta evolución, ha llegado a representar una amenaza real en sí misma, permanente y no coyuntural, para la Seguridad Nacional de México.

Como primer paso intentaré describir las implicaciones económicas y políticas que el crimen organizado tiene regionalmente, posteriormente procuraré explicar el impacto institucional que generan tales implicaciones en el espacio nacional, considerando los problemas de debilitamiento institucional y descomposición social implícitos en este tema, para finalmente, a partir de los dos puntos anteriores, responder la siguiente pregunta: ¿La jerarquía adjudicada al Crimen Organizado como una amenaza dentro de la Agenda de Seguridad Nacional en nuestro país es resultado de reconocer institucionalmente una constante histórica de la Delincuencia Organizada o es una crisis de Seguridad Pública que coyunturalmente representa un problema para la Seguridad Nacional de México?

Para el desarrollo del tema y la respuesta a nuestra pregunta se recurrió a fuentes oficiales del Acuerdo para la Seguridad y Prosperidad en América del Norte (ASPAN), a los reportes de 2008 sobre consumo de substancias prohibidas publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), a información sobre la clasificación del problema del Crimen Organizado en los tres países, a los órganos de inteligencia y a las instituciones que persiguen este delito en los tres países, a información de fuentes periodísticas, a estudios de ONG´S y a información pública presentada por los órganos constitucionales del Poder Público de nuestro país.

1 IMPLICACIONES ECONÓMICAS Y POLÍTICAS DEL CRIMEN ORGANIZADO A NIVEL REGIONAL.

Desde los trágicos hechos registrados el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, Virginia y Pennsylvania, se transformó la agenda internacional de Estados Unidos, volcando su política exterior hacia el combate del terrorismo e impactando indirectamente en la construcción de una agenda de seguridad para América del Norte.

Desde entonces el combate al terrorismo ha sido una de las prioridades más atendidas por nuestro principal socio comercial, quien al cerrar momentáneamente sus fronteras mientras trataba de difundir tranquilidad a su población tras el ataque terrorista de 2001 obligó, de facto, a modificar las agendas de política y comercio exterior en Canadá y en menor medida de México, catapultando el tema de la seguridad en el ámbito trilateral y jerarquizando al terrorismo como el tema más importante de esa agenda de seguridad regional.

A partir de ese momento, la seguridad se proyectó institucionalmente como un punto en la agenda del bloque comercial del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) e incorporó una serie de subtemas como terrorismo, migración, seguridad en el transporte, medio ambiente, pandemias y Crimen Organizado.

La agenda de seguridad inicialmente fue planteada por Estados Unidos a través del equipo del presidente George Bush en donde la entonces asesora en materia de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice, dio a conocer en 2002 la nueva estrategia sobre seguridad en EUA, planteando lo siguiente:

“El 11 de septiembre cristalizó nuestra vulnerabilidad. También puso de relieve la índole de las amenazas que enfrentamos hoy. Las amenazas de hoy provienen menos de grandes ejércitos que de pequeñas y oscuras bandas de terroristas; menos de estados fuertes que de estados débiles o fracasados. Y luego del 11 de septiembre ya no queda duda de que Estados Unidos enfrenta hoy a una amenaza existencial a nuestra seguridad, una amenaza tan grande como cualquiera de la que enfrentamos durante la Guerra Civil, la denominada "Guerra Justa" o la Guerra Fría.”

“Esta estrategia se basa en tres pilares:

  • Defenderemos la paz con oponiéndonos y evitando la violencia de los terroristas y de los regímenes proscritos.
  • Mantendremos la paz impulsando una era de buenas relaciones entre las grandes potencias del mundo.
  • Ampliaremos la paz con la propagación de los beneficios de la libertad y de la prosperidad en todo el mundo.

Esta postura señala, claramente, un interés capital de Estados Unidos sobre el tema terrorismo y la percepción en torno a que los nuevos retos globales no implican un combate contra entes nacionales específicos, ni la posibilidad de éxito mediante una respuesta unilateral a los problemas en materia de seguridad, por el contrario, esta tesis, que también se actualizó para el Crimen Organizado, ha servido para impulsar la discusión sobre seguridad regional.

Como consecuencia del discurso político estadounidense sobre el terrorismo, ha habido repercusiones al interior de Estados Unidos como ha sido el aumento del gasto de Defensa, y externas en la invasión a Afganistán e Irak, en presionar políticamente para que Canadá presentara una serie de adecuaciones normativas, en que México intensificara la colaboración[1] con su vecino del norte y, fundamentalmente, en el reconocimiento de la necesidad de crear espacios trilaterales para empezar a tratar temas de seguridad, no solo implícitos en la agenda producida por el 11 de septiembre sino relacionados con problemas para la estabilidad en la región como es el Crimen Organizado.

De este modo, la necesidad de generar estos espacios en la región, ha arrojado mecanismos como el Acuerdo para la Seguridad y Prosperidad en América del Norte (ASPAN), sin embargo, a pesar de esos marcos institucionales propicios para temas de seguridad, resulta claro que cada nación mantiene una agenda poco coordinada en la materia, ya que mientras en Estados Unidos se sigue una tónica de enfatizar el tema de terrorismo y vincularlo indirectamente con temas como el del Crimen Organizado, cuando se habla de seguridad en Canadá se opta por dar prioridad a aspectos de esa agenda vinculados de manera directa a evitar que se vuelva a cerrar la frontera estadounidense[2] y, en contraste, México ha buscado mecanismos de cooperación bilateral enfocados directamente con el tema del Crimen Organizado.

Sin embargo esta falta aparente de coordinación regional, adquiere otro matiz cuando se analiza el discurso político manejado por el Servicio Canadiense de Seguridad e Inteligencia (CSIS), que jerarquiza sus prioridades en Seguridad Nacional e incluye al Crimen Organizado de la siguiente manera:

“Our Priority Areas

CSIS programs are aimed at investigating and reporting on threats to the security of Canada. Learn more about these threats and CSIS's role in mitigating the risks.

Terrorism: Investigating the threat or the use of violence against persons or property for the purpose of achieving political, religious or ideological objectives. 9/11

Proliferation of Weapons of Mass Destruction: Investigating a growing number of foreign states and terrorist organizations that seek to develop and produce weapons of mass destruction, including chemical, biological, nuclear, and radiological weapons. Armas de Destrucción masiva

Espionage and Foreign Interference: Investigating clandestine activities by foreign governments that put Canada's national security at risk; that monitor, manipulate, threaten, or exploit expatriates now residing in this country; that may be detrimental to Canada's scientific and technological developments; that may harm our country's critical economic and information infrastructures or that may affect our military, commercial interests, and classified government information. Militar, Económico y político

Transnational Criminal Activity: Collecting strategic intelligence as part of a government-wide effort to advise the Government of Canada on the extent and nature of the threat posed by transnational crime to Canada. *

Information Security Threats: Investigating threats against critical information systems and infrastructure posed by foreign countries, terrorists, and hackers.

Security Screening: Providing security assessments on behalf of federal government departments and agencies (except for the RCMP) on individuals who require access to classified information or sensitive sites, and on prospective immigrants, refugee claimants and citizenship applicants. Also providing assessments to some provincial governments, foreign governments and international organizations.”

Si bien la agenda del CSIS prioriza al terrorismo, de acuerdo a las necesidades de su principal socio comercial, también resulta importante señalar que ubica al Crimen Organizado como una prioridad de Seguridad Nacional para Canadá.

Este ejemplo canadiense es una muestra de cómo los tres países que integran al bloque TLCAN, por separado, visualizan al Crimen Organizado como un problema de la Seguridad Nacional, hecho que pondría en entredicho la posibilidad de que en México fuese una crisis de seguridad pública, coyunturalmente llevada al ámbito de la Seguridad Nacional, ya que, directa e indirectamente, este problema es reconocido trilateralmente como parte de la agenda de Seguridad Regional.

Del mismo modo, la vinculación entre temas de esa agenda regional no ha pasado desapercibida y representa una de las preocupaciones mas importantes para el Departamento de Estado estadounidense, pues al menos dos de los temas de seguridad regional comparten algunas características que los convierten en aliados potenciales, pues mientras al terrorismo lo constituyen grupos de individuos, reunidos en torno a organizaciones sin personalidad jurídica, cuyas acciones se caracterizan por ser violentas, con miras en objetivos prioritariamente ideológicos, étnicos y/o religiosos, sin estar sustentadas en incentivos primordialmente económicos, cuya proliferación es global y que en ocasiones cuentan con el apoyo de algún ente nacional, el crimen organizado presenta características similares al estar constituido por grupos de individuos, reunidos en torno a organizaciones sin personalidad jurídica, cuyas acciones se caracterizan por la descomposición del tejido social, con objetivos prioritariamente comerciales y presencia global. Ambos se mueven en la clandestinidad y ubican como un obstáculo para sus fines a los aparatos coercitivos del poder público y a la autoridad del Estado.

Considerando las características enunciadas, resulta natural entender que el interés de los Estados para el abordaje del origen, crecimiento y solución a estos problemas, transita total o parcialmente en el ámbito de la cooperación internacional y no en aspectos esencialmente coyunturales, temporales e internos. Ambos riesgos a la seguridad regional, el terrorismo y el Crimen Organizado, implican la aceptación de que no se les puede enfrentar únicamente con los mecanismos tradicionales de nivel nacional y que se requiere de cooperación internacional para su combate eficaz.

Sin embargo, es importante resaltar algunas diferencias entre estos tipos de anomalías sociales con la finalidad de acercarnos a una valoración realista de su peligrosidad, debido a que, mientras el caso del terrorismo islámico presenta constantes de operaciones a kilómetros del continente, la delincuencia organizada, encabezada mediáticamente por el narcotráfico, opera de manera global con características específicas para cada región y con impactos y modos de operar para cada país, de manera que divide espacios comerciales de la ilegalidad casi en la misma manera como se constituyen los espacios comerciales legales, por ejemplo, de acuerdo al informe sobre adicciones de Naciones Unidas 2008, la región de América del Norte esté caracteriza de acuerdo al tipo de substancias prohibidas que dominan ese mercado, Cannabis y cocaína[3], así como por contener al primer consumidor mundial de substancias prohibidas y al principal abastecedor de narcóticos para dicho mercado[4].

En adición a lo anterior, se puede señalar una serie de implicaciones en cuanto a la vulnerabilidad de la región, como primer punto para resaltar dicha vulnerabilidad esta el aspecto institucional por parte de Canadá, Estados Unidos y México respecto al crimen organizado, pues debido al hecho de que el mercado estadounidense es el más importante para el negocio de las drogas a nivel mundial[5], se puede intuir una deficiencia sensible en las instituciones fronterizas, de inteligencia, policiales y de seguridad en América del Norte para la contención y control del Crimen Organizado.

Asimismo, nuestra región concentra uno de los centros de lavado de dinero más importantes del mundo, ya que en Estados Unidos se estiman actividades de lavado de dinero que reditúan entre el 50% y 60% de los 290 billones de dólares que presumiblemente son lavados entre Europa y América del Norte, concentrando en estas dos zonas geográficas el 50% del total mundial. Adicionalmente Canadá y México[6] son consideradas dos de las naciones donde más dinero se lava, lo que indica una debilidad grave en las instituciones financieras y tributarias de los tres países de la región.

De igual forma, la tercera nación del bloque TLCAN, Estados Unidos, representa de acuerdo a los estimados internacionales sobre su participación en este delito un monto anual de lavado de alrededor de 177 billones de dólares[7], cifra equiparable a un tercio del presupuesto de defensa de EEUU, casi diez veces el rescate solicitado por las “tres grandes” en diciembre de 2008 o una cifra considerablemente superior a los 388,410.7 millones de pesos que constó el Presupuesto de Egresos de la Federación Ejercicio Fiscal 2008[8], lo que nos muestra el potencial corruptor y la capacidad para actuar impunemente que la Delincuencia Organizada ha desarrollado en América del Norte.

Como complemento de esta parte del análisis, es de resaltar que así como se ha desarrollado de manera legal una dinámica comercial de Hub and spokes[9] en la zona TLCAN, el Crimen Organizado experimenta un flujo análogo al comercio legal y hoy podemos ver como se entrelazan los vínculos entre el comercio ilegal de armas, trafico de drogas, el tráfico de personas, delitos sexuales y el lavado de dinero en torno a Estados Unidos, potencializando los efectos de este Cluster de la delincuencia a partir de la demanda generada en los tres países, pero principalmente en el mercado estadounidense.

Aunado a lo anterior, podemos decir que si tomamos en cuenta que la derrama económica de las drogas hace a Canadá uno de los más importantes centros de lavado de dinero del mundo[10] y uno de los principales productores de químicos para drogas del planeta[11]; que la primacía dentro de los flujos de drogas hacia Estados Unidos propicia que en México haya un rompimiento del tejido social, tangible en la ola de violencia que experimenta la sociedad mexicana, acompañado de la infiltración en las instituciones gubernamentales, reconocida oficialmente[12], presentando además, una tendencia creciente del consumo mexicano; y que existe una fragilidad, no aceptada oficialmente, dentro de las instituciones locales, estatales y nacionales de Estados Unidos, fragilidad, que han convertido a ese país en uno de los principales abastecedores de armas para los traficantes mexicanos, así como el principal consumidor de drogas y el mayor centro de lavado de dinero del mundo. Entonces debemos asumir al negocio ilícito de las drogas, como un fenómeno que regionalmente ha infiltrado a las instituciones más importante de los tres países y que por condiciones especificas de cada país puede poner en riesgo la estabilidad institucional de América del Norte, por lo que es considerado en los tres países, no como una crisis coyuntural, sino como un problema de Seguridad Nacional tan constante y permanente como el comercio global.

2 IMPLICACIONES ECONÓMICAS Y POLÍTICAS DEL CRIMEN ORGANIZADO A NIVEL NACIONAL.

El 11 de diciembre de 2006, la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa dio a conocer el inicio de la Operación Conjunta Michoacán, en la cual se contó con la participación de mil 400 elementos[13] de la Secretaria de Seguridad Pública Federal, así como, cuatro mil 260 elementos, 17 aeronaves de ala fija, 29 aeronaves de ala rotativa, 19 binomios canófilos y 246 vehículos terrestres por parte de la Secretaria de Defensa Nacional, el motivo oficial del despliegue era fortalecer la seguridad de los mexicanos y sus familias en todo el territorio nacional[14]. Sin embargo, dicha operación no implicó un hecho inédito en cuanto a cooperación institucional se refiere, pues desde la Operación Condor, en 1975[15], las fuerzas armadas han colaborado intensamente con las autoridades civiles en el combate al narcotráfico, lo trascedente del suceso de 2006 fue el número de elementos y el trato mediático que se le dio, pues se aprovechó para inaugurar una serie de despliegues, militares y policiales, que desde entonces ha venido desarrollando el Estado mexicano como eje de la táctica para combatir al Crimen Organizado.

Para entender el impacto real de la ejecución de esas tácticas reactivas contra el Crimen Organizado e intentar vislumbrar los alcances reales de la Estrategia del gobierno federal, es importante considerar que durante más de treinta años las fuerzas del gobierno mexicano han intensificado gradualmente la lucha contra la Delincuencia Organizada, recurriendo a tácticas similares, en la misma medida en que las actividades criminales se han sofisticado, desarrollando como consecuencia una escalada de violencia que no surge con la administración calderonista pero que reporta 12 mil defunciones desde 2006.

Así mismo, para analizar esta escalada, es importante remarcar que si bien estos despliegues podrían representar una coyuntura en cuanto a las respuesta del Estado mexicano contra la Delincuencia Organizada, las actividades ilícitas de esta última no presentan coyunturas en cuanto a sus capacidades de cooptación, infiltración, obstaculización de la implantación del Estado de derecho ni de su potencial desestabilizador, simplemente han seguido una tendencia natural de crecimiento de recursos y sofisticación de sus actividades en virtud de las dinámicas del mercado mundial de substancias prohibidas, armas, tráfico de personas y delitos sexuales, representando una amenaza a la Seguridad Nacional independientemente de las respuestas y clasificaciones que el Estado mexicano le otorgue.

Del mismo modo, otro argumento que apoya la idea de que la Delincuencia Organizada es en sí una amenaza histórica a la Seguridad Nacional de nuestro país, está en recurrir a las concepciones sobre Seguridad Nacional que legalmente, históricamente y teóricamente se han articulado y de las cuales se presentan algunos ejemplos:

Si consideramos que cualquier definición clásica de Seguridad Nacional señalará, entre otras cosas, que la Seguridad Nacional se constituye por el conjunto de acciones orientadas a combatir cualquier peligro interno o externo que ponga en riesgo la existencia de un Estado, su estabilidad y viabilidad. Entonces al aceptar los aspectos regionales de la Delincuencia Organizada, los niveles de violencia generados en México[16], así como la penetración en las estructuras fronterizas, policiales y de seguridad pública en los tres países de América del Norte, ineludiblemente se tenderá a clasificar al Crimen Organizado como un problema dentro de la agenda de Seguridad Nacional.

Por otro lado si consideráramos una definición de Seguridad Nacional más apegada a los postulados de la Seguridad Humana, tendríamos que añadir a la definición anterior elementos como acciones orientadas a dar seguridad al individuo, dotar de garantías para el desarrollo de la ciudadanía, propiciar el desarrollo de buenos gobiernos y el reconocimiento de amenazas no estatales[17]. Nuevamente ante la dinámica histórica registrada en nuestro país, esta visión sobre la seguridad encuentra que estos elementos se han visto obstaculizados o coartados permanentemente con la actividad de la Delincuencia Organizada, independientemente del tipo de respuestas o clasificaciones que le quieran otorgar los gobierno en turno, por lo que resalta, aun más, el hecho de que la actividad del Crimen Organizado no es un asunto coyuntural de Seguridad Nacional, sino histórico y permanente.

Así mismo, si consideramos los términos de la definición de amenazas a la Seguridad Nacional, plasmada en el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional vigente, entonces se puede apreciar que en nuestro país, con el precedente del contexto regional y el desarrollo histórico del Crimen Organizado, éste último, ha implicado y sigue representando una amenaza a la Seguridad Nacional de México, pues desde antes de la penalización en 1931[18] del trafico, venta y consumo de ciertas drogas, la Delincuencia Organizada ha mostrado mediante cohecho, cooptación y actos violentos, la capacidad suficiente para obstaculizar operaciones de autoridades, tanto civiles como militares, contra la Delincuencia Organizada. Esta tendencia histórica está consignada en el libro El siglo de las drogas de Luis Astorga, quien da cuenta de asesinatos, ejecuciones y hechos de corrupción en los que se involucraron a gobernadores, secretarios de estado, agentes policiales y elementos de las fuerzas armadas, mediante los que la Delincuencia Organizada ha logrado obstaculizar permanentemente la plena operación de la autoridad.

Finalmente, en el aspecto sociopolítico y con respecto a este tipo de obstaculización a la autoridad civil o militar, Sergio Aguayo Quezada también describe en su libro, La Charola, como es que los servicios de inteligencia civiles creados en 1947 se contaminaron gradualmente y se vincularon con el Crimen Organizado resultando en la falta de operhabilidad de estas instituciones contra la Delincuencia Organizada.

Estos ejemplos de las capacidades históricas que ha demostrado la Delincuencia Organizada, no surgieron como resultado de una crisis de Seguridad Pública que coyunturalmente atenta contra la Seguridad Nacional, por el contrario, han sido una constante que con la evolución natural del mercado de las drogas, en una sociedad con las características y desarrollo de ciudadanía como la mexicana, y junto al mercado de drogas más importante del mundo.

La impresión mediática de que han empezado a desaparecer los equilibrios de poder que había desde 1931, se fortalece con la oleada de violencia presentada en los medios de comunicación, pero ello no implica que esa impresión sea correcta y que la capacidad real de obstaculizar a la autoridad se haya renovado y sea un atributo coyuntural de reciente creación, cambio o transformación temporal. En contraposición, es más cercano a la realidad el aceptar que el poder e influencia de estas organizaciones ha sido una constante para operar, correlacionada con la evolución de las relaciones comerciales internacionales y sus ritmos, acelerando algunos procesos mediante los mismos canales de las aperturas comerciales legales.

Por lo anterior, pretender que la ubicación de la actividad criminal dentro de las amenazas a la Seguridad Nacional responde a una coyuntura, implicaría afirmar que los procesos internacionales de apertura comercial también son coyunturales.

CONCLUSIONES

+Debido a la evidencia histórica-política, se puede afirmar que la situación actual del combate al crimen organizado simplemente corresponde a la aceptación institucional de la existencia del problema sociopolítico del narcotráfico y la Delincuencia Organizada, como una amenaza a la Seguridad Nacional de México.

+ Considerando las dinámicas comerciales globales y regionales del la delincuencia organizada, así como la manera en que opera, se puede señalar que el Crimen Organizado es un reto para la seguridad regional en el bloque TLCAN, en tanto que parece haber infiltrado a las instituciones de los tres países.

+En el ámbito nacional, el Crimen Organizado ha representado un obstáculo histórico para las operaciones gubernamentales, el ejercicio de la Administración Pública, la evolución democrática del sistema político, la construcción de ciudadanía y para la seguridad del individuo, por lo que no puede dejar de ser considerado como un problema constante dentro de la agenda de seguridad nacional. Asimismo, la histórica falta de aceptación oficial de esta amenaza, el cohecho, el temor a la denuncia, la impunidad y la complicidad de algunas autoridades son rasgos de la manera de operar por parte del crimen organizado, rasgos, que proporcionan la falsa impresión de representar una crisis extraordinaria y temporal de seguridad pública, que antes no implicaba un problema para la Seguridad Nacional y que coyunturalmente se han colado a la agenda de Seguridad Nacional.



[1] Dentro de estos mecanismos se puede encontrar la presencia de elementos del FBI en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, dotación a resguardo de armas de última generación a Secretaría de Marina para protección de plataformas petroleras, la extensión unilateral del área de seguridad de Estados Unidos materializada en una intensificación del patrullaje de naves no mexicanas en los límites de nuestro mar patrimonial y la cobertura satelital de nuestras costas.

[2] La reacción inmediata a los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos fue paralizar las fronteras a través de medidas como el Security Control of Air Traffic and Air Navigation Aids (SCATANA) mediante la cual se suspendió el trafico aéreo civil, impactando comercialmente al bloque TLCAN.

[3] Informe de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito en: http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2008/WDR_2008_eng_web.pdf

[4] Departamento de Estado de Estados Unidos, en: http://www.state.gov/p/inl/rls/nrcrpt/2009/vol2/116555.htm

[5] Además del informe de Naciones Unidas, hay numerosos esfuerzos académicos y periodísticos que sustentan este hecho, sin contar las declaraciones del Embajador Antonio Garza hechas en Dallas, Texas, el pasado 19 de noviembre, en las que afirmó: "México no sería el centro de la actividad de los cárteles o estaría experimentando este nivel de violencia, sino fuera por Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas ilegales y el principal abastecedor de armas a los cárteles" Vease: Notimex en http://www.notimex.gob.mx/interior/home_inter.htm

[6] Según estimaciones de INACIPE, en nuestro país se lavan 24 mil millones de dólares anualmente INACIPE: http://www.inacipe.gob.mx/htm/ComunicadosPrensa/pdf/Febrero/12IPS.pdf; Mientras que de acuerdo al Factbook de CIA y el informe de Drogas de Naciones Unidas, Canadá es uno de los protagonistas mundiales de lavado de dinero.

[7] A nivel mundial se estima un monto de 590 billones de dólares de los cuales alrededor del 30% se lava únicamente en EEUU. De acuerdo a la Fuerza de Trabajo para Acciones Financieras que es un organismo intergubernamental impulsado desde 1989 por el entonces G7 y bajo el mandato de la OCDE para evaluar y analizar delitos financieros relacionados con el lavado de dinero reporta un monto anual de lavado de dinero equivalente a 590 billones de dólares. money laundering is an illegal activity carried out by criminals which occurs outside of the normal range of economic and financial statistics. Along with some other aspects of underground economic activity, rough estimates have been put forward to give some sense of the scale of the problem.The International Monetary Fund, for example, has stated in 1996 that the aggregate size of money laundering in the world could be somewhere between two and five percent of the world’s gross domestic product.Using 1996 statistics, these percentages would indicate that money laundering ranged between US Dollar (USD) 590 billion and USD 1.5 trillion. The lower figure is roughly equivalent to the value of the total output of an economy the size of Spain.However it must be said that overall it is absolutely impossible to produce a reliable estimate of the amount of money laundered and therefore the FATF does not publish any figures in this regard. Vease: http://www.fatf-gafi.org/document/29/0,3343,en_32250379_32235720_33659613_1_1_1_1,00.html#howmuchmoneyislaunderedperyear

[8] Presupuesto de Egresos de la Federación Ejercicio Fiscal 2008 en: http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2008/temas/tomos/tomo_1/tomo_1_i10.pdf

[9] “El eje y los rayos” Termino de Comercio Internacional para denominar a la dinámica presentada entre la potencia que domina en una zona o bloque económico frente a las economías bajo su influencia, jugando con la alegoría de el eje de la bicicleta y los rayos del rin.

 

[10] De acuerdo con cifras de la CIA, en Canadá se lavan hasta 17,000 millones de dólares anuales. En CIA Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ca.html

[11] Informe rendido por el embajador de Estados Unidos en EL Salvador: http://sansalvador.usembassy.gov/news/2004/reports/dt/introduccion.html

[12] De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos en el Reporte de Drogas y Crimen 2009, Mexico is a major drug-producing and drug-transit country and is also one of the major conduits for proceeds from illegal drug sales leaving the United States. Vease: http://www.state.gov/p/inl/rls/nrcrpt/2009/vol2/116555.htm

[13] De acuerdo con datos oficiales los mil cuatrocientos elementos se integraban de la siguiente manera: 900 elementos son de Fuerzas Federales de Apoyo; 300 elementos de seguridad regional de la Policía Federal Preventiva; 10 unidades caninas; además de 220 elementos de Unidades de Inteligencia y Operación de la Agencia Federal de Investigación.

[14] Véase: Sala de Prensa del Gobierno Federal en http://www.presidencia.gob.mx/prensa/?contenido=28357

[15] Luis Astorga, El siglo de las drogas, Plaza y Janes, p.113.

[16] Para el 1 de julio de 2009 había 12 mil muertes relacionadas con el crimen organizado o como producto del combate que mantiene el gobierno Federal desde 2006. Cifra proporcionada por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, dentro de su discurso con motivo de la puesta en marcha de la policía ecológica de Xochimilco.

[17] Características enunciadas por Francisco Rojas Arena en el trabajo de Eugenia Favier titulado Seguridad Humana: Un nuevo acercamiento al concepto de seguridad, publicado por el Centro Argentino de Estudios Internacionales en el marco del Programa de Defensa y Seguridad.

[18] De acuerdo a Luis Astorga es en este año cuando este delito aparece tipificado en el Código Penal. Luis Astorga, El siglo de las drogas, Plaza y Janes, p. 43.

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